Contratación de los servicios postales del Consell Comarcal del Baix Empordà

Breve descripción

El objeto del contrato es la prestación de los servicios postales consistentes en el envío de cartas y tarjetas postales tanto ordinarias como extraordinarias y las notificaciones administrativas que se realizan desde el Consell Comarcal del El Baix Empordà para dar cumplimiento a las notificaciones de las resoluciones dictadas por los órganos comarcales y realizar aquellas otras comunicaciones en las que se estime conveniente la utilización de este medio en el primer caso. Se incorporan también medidas de contratación pública sociales y ambientalmente responsables en el objeto de este contrato.
La prestación de este servicio se regirá por los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas y, de acuerdo con la normativa del servicio postal vigente en cada momento, por la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal , de los derechos de los usuarios y del mercado postal y por el Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula la prestación de los servicios postales en el desarrollo de lo que establece la Ley 24/1998, de 13 de julio, del servicio postal universal y de la liberalización de los servicios postales y demás normativa aplicable concordante y de desarrollo, modificado por el Real Decreto 203/2207, de 20 de abril, en todo lo que no se oponga, contradiga o resulte incompatible con lo dispuesto en la Ley 43/2010.
El objeto, características, especificaciones técnicas y operativas del servicio se encuentran detallados en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

Descripción de las opciones

El contrato tendrá una duración de DOS AÑOS (2) AÑOS a contar desde el 1 de mayo de
2024 o, en caso de que el contrato se formalice con posterioridad a la fecha que se prevé
de inicio de la prestación, a contar desde el día siguiente a la fecha de formalización del contrato.
El contrato, de conformidad con lo que prevé el artículo 29.2 de la LCSP, será prorrogable
por un año más, sin que la duración de su vigencia incluida la prórroga, pueda exceder
de TRES (3) años

Lista y breve descripción de los criterios de selección

De acuerdo con lo que determina el art 90, de la Ley de contratos de sector público 9/2017 de 8
de noviembre, la solvencia técnica o profesional mínima del empresario para ejecutar éste
contrato deberá apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia,
experiencia y fiabilidad, que deberá acreditarse por los siguientes medios:
1.Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años, que
sean de la misma naturaleza del contrato y que incluya importe, fechas y el
destinatario, público o privado, relacionados con el objeto del contrato. El importe anual
acumulado del año de mayor ejecución deberá ser igual o superior al 70% del valor
estimado del contrato.
Será requisito mínimo aportar dos certificados de buena ejecución de servicios de
notificaciones administrativas, por un importe facturado mínimo anual de 300.000 €,
expedido por una administración pública.
A efectos de determinar la correspondencia entre los servicios ejecutados por el licitador y
los que constituyen el objeto del contrato, cuando exista clasificación aplicable a
éste último se atenderá a la pertenencia al mismo subgrupo de clasificación y en el resto
casos a la igualdad de los dos primeros dígitos de sus respectivos CPV.
2.De acuerdo con el artículo 93 de la LCSP, se requiere acreditar que se cumplen las
normas de garantía de la calidad según las siguientes certificaciones ISO 9001 o
equivalente por parte de una entidad acreditada.
3.Dadas las características del objeto del contrato y que los artículos 22.4 de la Ley
43/2010, de 30 de diciembre y 39 del RD 1829/1999, de 3 de diciembre, atribuyen a
el operador postal universal la presunción de veracidad y fehacencia, los licitadores que no
sean el operador postal universal, además de la aptitud y solvencia indicada, habrán
de acreditar, al amparo de la STS de 10 de diciembre de 2015 (REC 3156/2014): que
disponen de un procedimiento para la práctica de la notificación que permita tener
“constancia de su práctica” que es lo que exige la LPAC (art. 40.4 de la LPAC). Que se dispone de un sistema que garantice la constancia, por cualquier medio
admitido en derecho, en cuanto a la prueba del rechazo o imposibilidad de entrega de la
notificación o de las certificaciones, el cual supla las ventajas inherentes a la
fefaenza, con similares cuotas de eficacia y mediante elementos de prueba alternativos,
ajenos a la documentación unilateral de la empresa o al testimonio de sus empleados.
Acreditación documental
1.Los servicios o trabajos efectuados se acreditan mediante certificados expedidos o visados ​​por
el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a
falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos
certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad
competente.
2.Para acreditar la garantía de la calidad será necesario aportar certificado conforme la empresa
cumple con las normas de garantías de calidad según las certificaciones correspondientes.
3.Para acreditar este extremo, presentarán una memoria explicativa de un máximo de 5
páginas y con el contenido indexado, donde quede definido con detalle cómo se realizará la
prestación del servicio, de conformidad con el pliego de prescripciones técnicas y
normativa de aplicación, y en concreto deberá detallar el procedimiento que utilizará para
en la práctica de la notificación, el cual deberá garantizar que quede acreditado el intento de
notificación o que quede constancia de su práctica.
El prestador de servicio universal que determina la disposición adicional primera de la
Ley 43/2012, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y
del mercado postal, en caso de presentarse a la licitación, queda exento de acreditar
la aptitud y la solvencia requerida en el presente contrato.

Lista y breve descripción de los criterios de selección

De conformidad con el artículo 87 de la LCSP, la solvencia económica y financiera mínima de
el empresario para poder ejecutar el contrato se determina a través del siguiente medio:
1.El volumen anual de negocios de las empresas licitadoras, referido al mejor ejercicio dentro
de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de las
actividades del empresario y de presentación de las ofertas deberá ser, como mínimo,
por importe igual o superior al valor estimado del contrato (sin IVA), es decir,
1.095.780 €.
Acreditación documental
1.Para la acreditación de la solvencia económica y financiera, si el empresario está inscrito en
el registro mercantil lo acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y
depositados en este Registro. En caso contrario por las depositadas en el registro oficial
en que deba estar inscrito.

Depósitos y garantías exigidos

La garantía definitiva a constituir por el licitador que haya presentado la mejor proposición relación
calidad-precio será la correspondiente al 5% del presupuesto máximo de licitación.
La garantía definitiva se podrá presentar mediante cualquiera de las formas previstas en
el artículo 108.1 de la LCSP.

Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión

Este contrato de servicios es susceptible de recurso especial en materia de contratación, de conformidad con el artículo 44.1 a) de la LCSP, dado su valor estimado.
Podrán ser objeto del recurso especial en materia de contratación todas las actuaciones señaladas en el artículo 44.2 de la LCSP.
Contra los actos susceptibles de recurso especial no procede la interposición de recursos administrativos ordinarios.
La interposición del recurso especial en materia de contratación tiene carácter potestativo y es gratuito por los recurrentes.
Contra los actos que adopte el órgano de contratación que no sean susceptibles de recurso especial en materia de contratación, de acuerdo con lo señalado en el apartado anterior, procederá la interposición del recurso potestativo de reposición; o del recurso contencioso administrativo, de conformidad con lo que dispone la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.